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La huelga de transporte ha paralizado a todas las empresas de logística del país

2022-04-05 13:33:23

El paro indefinido del transporte de mercancías que desde el pasado lunes están protagonizando pequeñas empresas y camioneros autónomos en todo el país por la subida de los carburantes, convocados por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, se ha enconado tras tres días de protestas. Los incidentes violentos, con cortes de carretera o piquetes impidiendo el acceso a puertos, grandes mercados, polígonos industriales y zonas de carga, se han multiplicado. Mientras tanto, los problemas con el suministro de mercancías crecen y ya se habla de escasez en los grandes mercados mayoristas como MercaMadrid, MercaCórdoba o MercaGranada, mientras que industrias como la láctea, la siderúrgica o la hortofrutícola han advertido que tendrán que paralizar la producción si se mantiene el conflicto.

Ante esta situación, el Gobierno ha tenido que reaccionar y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha denunciado la “fuerza, violencia y coacción” con la que están actuando algunos piquetes, y ha asegurado que se actuará con la “mayor contundencia” para garantizar que los camioneros que quieran trabajar puedan hacerlo, reforzando el tránsito de los camiones a través de convoyes.

“No se puede consentir ni tolerar que en un Estado democrático y de derecho se utilice la violencia y la fuerza para impedir trabajar a quien quiere trabajar”, ha indicado en declaraciones a los medios, en un receso de la reunión que está manteniendo este miércoles en el Ministerio con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que agrupa a la mayor parte de las asociaciones de transportistas, pero en el que no está representada la Plataforma que convoca la huelga. Al encuentro han asistido también por parte del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad; Rafael Pérez; el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora; y el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Juan Carlos Castro.

La ministra ha admitido el problema del encarecimiento de los carburantes pero ha expresado el convencimiento de que la mejor manera de afrontarlo es desarrollo del acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con la CNTC, cuyo Real Decreto ley aprobado por Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo, se convalidará mañana en el Parlamento. Ante la situación de excepcionalidad, Transportes valora añadir medidas adicionales a las del decreto como trasladar al sector del transporte los principios que inspiran la Ley de Cadena Alimentaria y trabajar para publicar con periodicidad semanal y no mensual el índice de referencia de los precios del combustible.

El Gobierno sigue sin reconocer a la Plataforma del Transporte como interlocutor válido en el conflicto, pese a que sus dirigentes han reiterado que la CNTC no representa al sector del transporte, porque en la misma solo están las asociaciones de los grandes transportistas, “con empresas que no tienen ni siquiera un camión y subcontratan todos los transportes para llevarse las comisiones”, según denuncia el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández. La CNTC, en la que se encuentran organizaciones empresariales como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM),dice que el paro es minoritario porque los convocantes no representan ni al 5% del sector.

La principal reivindicación de la Plataforma del Transporte es la “prohibición, sin posibilidad de pacto en contra, de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación, siendo la referencia del importe del coste, y de manera oficial, el Observatorio de Costes que publica Ministerio de Transportes (con actualización mensual)”. Además, pide que se incluyan sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de incumplimiento, limitar la intermediación en el contrato de Transporte a un solo contratista (estableciendo responsabilidad directa al cargador principal en caso de impago de los servicios al transportista) y un plazo de pago máximo a 30 días, unido también a un régimen sancionador por su incumplimiento.

Esto está generando problemas de abastecimiento en grandes y pequeños comercios. 

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